Jueza dicta arresto domiciliario contra Abdalá Bucaram

Por el presunto delito de delincuencia organizada, la Fiscalía General del Estado inició una instrucción fiscal de noventa días al expresidente de la República, Abdalá B. O., y a tres funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

La audiencia de formulación de cargos se desarrolló en la Unidad de Flagrancia en Quito, y por vía telemática con Guayaquil, la madrugada de este 13 de agosto de 2020.

La Jueza dictó medida sustitutiva a la prisión preventiva (por ser mayor de 65 años) para el ex Mandatario: arresto domiciliario con vigilancia policial las 24 horas del día.

Mientras que para los tres funcionarios de la AMT, Klever Stalin A. H., Jhony Samuel O. T. y Leandro Germán B. R., ordenó prisión preventiva.

Los ciudadanos habrían conformado un grupo estructurado para planificar actividades delictivas entre noviembre de 2019 y agosto de 2020 (en Quito y Guayaquil). Una de estas fue la obtención de beneficios económicos, varios de ellos en el contexto de la comercialización de pruebas para Covid-19 y de mascarillas, en medio de la emergencia sanitaria.

Según Fiscalía, la presunta delincuencia organizada en este caso se habría estructurado porque existirían “una serie de delitos que se están investigando como enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público, evasión tributaria, incluso, presuntamente, delitos contra la vida”.

Más de treinta elementos de convicción presentó la Fiscalía, como informes del Servicio de Rentas Internas (SRI), Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), seguimientos y vigilancias, la denuncia de un presunto afectado, versiones de agentes investigadores, pericias forenses-informáticas de la información obtenida de fuentes abiertas, parte informativo de la investigación, reportes bancarios, entre otros.

Los cuatro fueron detenidos en seis allanamientos simultáneos, en cooperación con la Policía Nacional, ejecutados en Guayas y Pichincha, la madrugada del 12 de agosto de 2020.

La investigación del presente caso inició en mayo de 2020, por la posible relación de los cuatro ciudadanos –ahora procesados– con los israelíes detenidos en Santa Elena.

Estos últimos fueron posteriormente encausados por Fiscalía, bajo los presuntos delitos de enriquecimiento privado no justificado y falsificación y uso de documento falso.

Uno de ellos fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.

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